La limitación de la informática en la Constitución Española. El derecho a la Libertad Informática

En nuestra Constitución existen -de momento- engranajes suficientes para limitar la informática pero con el fin de que esta limitación sirva para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Estableciendo quizá un nuevo derecho, que algunos han denominado Derecho a la Libertad Informática. Esto lo debemos al Dictamen de la Comisión Constitucional artículo 18 de la Constitución Española que aceptó que la limitación del uso de la informática debe servir no sólo para respetar el honor y la intimidad, sino para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos.

Y es que con tanto incidir en el tema de la protección de datos, se nos ha olvidado que en el mismo artículo 18.4, que regula el derecho al honor, intimidad, imagen, domicilio, (situado en el TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales, CAPÍTULO SEGUNDO Derechos y libertades, SECCIÓN 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, justo después de los artículos 15,16 y 17, sobre el derecho a la vida, a la libertad ideológica y física) se señala (destacamos en negrita lo oculto en el artículo):

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Existen otros artículos de la constitución Española que desarrollan este derecho y que dan poder al Estado para que pueda establecer las condiciones básicas que garanticen este derecho de forma igual a través de todas las administraciones, que deberán respetarlas.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.o La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Este artículo 18 citado de imitación de la informática, no es una ocurrencia fortuita de nuestra Constitución, sino que encaja en todo el entramado constitucional. El fijar el objetivo sobre la informática encaja perfectamente en el siguiente artículo:

Artículo 9

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por lo demás, ya para la propia actividad de la administración, la Constitución señala que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. La informática es un procedimiento en sí mismo, por lo cual debe sujetarse a regulación mediante Ley.

Artículo 105

La ley regulará:

3. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Mucho nos tememos sin embargo, que este artículo 18.4 de nuestra Constitución Española, además de ser olvidado, puede correr el riesgo de ser eliminado. Y se alegará que es redundante, que se sobreentiende incluido en otros artículos. Y anularemos una herramienta que un legislador imaginó para protegernos de peligros imaginados en los años 70, justo después de la edad dorada de la ciencia ficción. Sin embargo, dichos peligros imaginarios, hoy en día son una realidad, cada vez más compleja, en la que estamos inmersos, y para manejarnos en la misma, necesitamos todas las herramientas posibles.

Es más, otra posibilidad quizá más cierta, es que se elimine el artículo, introduciendo otro para potenciar aún más la obligación de uso de la informática, sin establecer suficientes limitaciones, en la línea de la legislación administrativa electrónica de los últimos años (o electrónica administrativa, que ya no sabe uno qué es más importante).

 

Para terminar, comentaremos otras Constituciones que influyeron en la Costitución Española pero que quedaron más cortas. En este sentido la Constitución Portuguesa en su Artículo 35. establece:

Utilización de la informática 1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que conste en forma de registros mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones y podrán exigir la rectificación de los datos, así como su actualización. 2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no identificables para fines estadísticos. 3. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos.

Otras constituciones como la Constitución Italiana reconocen únicamente la facultad exclusiva del Estado de legislar sobre la coordinación informativa estadística e informática de los datos de la Administración estatal, regional y local, obras del ingenio.

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